Esta entrada es a la vez una reflexión y una propuesta de soluciones a la que publicó Adolfo el 27 de octubre titulada "Monedas expoliadas"; entrada que ha generado en su blog una interesante discusión.
El problema en mi opinión es bastante más complejo de lo que parece a simple vista, y toca asuntos tan básicos como la organización social, la libertad y la esencia misma del hombre como persona; en un comentario en su entrada ya expresé mi opinión sobre la situación actual con las monedas 'expoliadas', y las implicaciones sociales que a mi entender derivan de esta.
Abundando en la situación tenemos un marco que a mí en particular me parece inaceptable: es lo que llamo ánimo colectivizador del Patrimonio que sostiene el Estado en sus múltiples manifestaciones, desde la administración central hasta la local. Ánimo que se sustancia con una clara hostilidad hacia el ciudadano, que en pleno disfrute de su derecho a la propiedad privada pretende poseer (centrando el caso en la numismática) una moneda 'histórica'.
La inaceptivilidad de esta política pública, que trasciende fronteras ideológicas —en comunidades autónomas de un color u otro tenemos el mismo panorama; recordar que las competencias sobre Patrimonio están mayoritariamente transferidas—, viene dada tanto por la flagrante atropeyo de un derecho humano fundamental (la propiedad privada) que supone, como que, con el texto legal en la mano, es claramente discutible su constitucionalidad. Veámoslo (artículo 33, en la página 14 de este PDF):
- Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
- La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes.
- Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes.
Claramente el primer párrafo deja la cuestión resuelta;
tenemos derecho a poseer un denario de Caracalla, por poner un ejemplo; así pues, la idea subyacente en mucho empleado público de que "el ciudadano no debería tener derecho a poseer patrimonio histórico", fuertemente asentada entre los profesionales de la arqueología y los integrantes de la universidad dedicados al asunto, es anticonstitucional.
Pero es que, además, como ya comenté en el blog de Adolfo, es una idea muy mala; por que el Patrimonio, sustanciado en objetos e ideas, tiene necesariamente que formar parte de la esfera social —lo que incluye la posesión— de los ciudadanos, tanto la pública como la particular; si no ocurre esto, la viabilidad de su conservación acaba por ser nula, ya que ese esfuerzo es necesariamente una empresa colectiva de todos los implicados, o sea, la Sociedad entera; los 'historiadores' no pueden pretender apoyarse en el Estado para llevar a término su idea, y después garantizarse los recursos necesarios para 'disfrutar' de su coto "privado" público en exclusividad, por que obvian que si los ciudadanos en general pierden interés en el Patrimonio, antes o después lo perderán los políticos responsables del cofre de los dineros, y acabarán por no tener siquiera trabajo; al final su objetivo se vuelve contra ellos, y todos perdemos lo principal, el Patrimonio.
Por supuesto, los militantes del bando colectivizante se pueden agarrar al párrafo segundo; y de hecho es lo que hacen; pero ninguna persona va a ser capaz de convencerme que la "utilidad social" de las monedas requieren que todas acaben en manos del Estado (generalmente en museos); y más cuando hablamos de objetos que:
- Se produjeron, de forma artesanal o industrial, en serie.
- Estaban destinadas en general a un uso publico por toda la población.
- Su conservación adecuada está al alcance de todos los coleccionistas.
- Son posiblemente los documentos/objetos históricos de carácter primario más 'accesibles' para la población en general.
- Su colección es una costumbre que data desde los tiempos de los romanos, y en Europa en general ha tenido continuidad desde el Renacimiento al menos.
Todas estas razones me parecen que son de bastante peso para argumentar contra la prohibición del coleccionismo numismático (que podrían extenderse al de objetos arqueológicos de caracter común, como las piezas de adorno, el ajuar domestico, objetos militares, etc...), pero quiero analizar en detalle la d. por que creo que es un argumento solidísimo para fomentar el coleccionismo numismático, por las implicaciones que creo que tiene.
Lo principal del argumento es la 'accesibilidad', entendida de manera muy amplia; no solo por precio, si no también por lo fácil que resulta el empezar a interpretar ni que sea someramente la carga histórica y documental de la pieza; es esa facilidad, adecuadamente explotada, la que podría permitir implicar más seriamente a la gente en el conocimiento y la conservación del Patrimonio histórico, facilitando mucho la tarea a los profesionales implicados en ello. La idea de poder tener en las manos una pieza antigua, el denario de Caracalla del ejemplo de arriba, pieza que circuló y la uso gente de hace 1.800 años, es poderosa; además tenemos en ella la imagen del Emperador, que en algunos casos (Vespasiano es mi favorito) es tan fidedigna que permitiría identificar a la persona del retrato en un encuentro personal. Además incluyen leyendas, e imagenes que pueden hacer mención a hechos histórico/políticos de relevancia, como las Annonas romanas, juegos, victorias militares, subidas al poder, etc..., o a hechos culturales como pueden ser motivos religiosos, festividades, acciones cotidianas, etc. Todo esto puede servir de gancho para que la gente que coleccione las monedas se pregunte el por qué y el cómo de los motivos numismáticos que aparecen en las monedas, y acaben interesándose y estudiando historia, paso inelubible para que la gente aprecie, entienda y acabe tomando como parte suya el Patrimonio y su conservación; y no me cabe la menor duda de que esto es un ideal de todo historiador cabal. Por tanto, redundaría en beneficio (indirecto y a largo plazo, sí, pero indudable) de los profesionales que estuvieran a favor del coleccionismo, ya que aumentaría el interés general de la población por la historia, y ellos tendrían más recursos dedicados y trabajo.
Dicho todo esto, vuelvo al tema que da pie a este discurso, los expolios; en mi opinión, resultan ser uno de los peores 'crímenes' (no en el sentido legal del término, si no en el social) sin violencia que sufre la sociedad, por que destruye información que puede ser capital para entender nuestra propia historia; es una pérdida que afecta a todas las personas, sean o no conscientes de ella; pero es de sentido común que no podemos ser sobre este tema tan maniqueos como la ley española, que amparándose con el hecho legal (para mi abusivo) de que toda cosa u objeto subterraneo es propiedad del Estado, considera expolio a la recogida intencionada de cualquier objeto enterrado; por qué no es lo mismo un detectorista que se dedique a 'peinar' campos de labranza en busca de proyectiles de las guerras civiles o la invasión francesa, y que se encuentre un felús andalusí, con alguién que entre en el yacimiento de Segobriga para ver si tiene suerte y le caen algunas monedas hispanas o romanas; en el primer caso, la perdida es muy pequeña, y fácilmente subsanable de existir la legislación adecuada, y evidentemente el segundo caso es de extrema gravedad, y puede suponer la perdida de información irremplazable, como puede ser el hallazgo no documentado aún de una moneda de otra ciudad hispana, o el simple hecho de su posición estratigráfica, sobre todo si puede datarse con precisión; tal cual está la ley ahora no cumple con su cometido 'pretendido' de preservar el Patrimonio, porque el detectorista se mete el felús en el bolsillo sin informar de ello, y el expoliador haya la ley que haya, va a seguir entrando en yacimientos a ver lo que recoge.
Pero esto no tiene por qué seguir así; lo primero que hay que entender es que, como comentaba más arriba, las personas coleccionamos monedas por que nos gusta, y además tenemos el derecho a ello; por tanto, lo quieran o no los colectivistas, las monedas forman su propio mercado, que por sus características pueden dar jugosos beneficios a los que se dediquen a la busqueda y venta de piezas enterradas. Esto es insoslayable; nos pongamos como nos pongamos, hagamos la ley todo lo dura que queramos, el mercado existe y existirá mientras haya personas interesadas en la numismática; y si por vía legal no pueden obtener monedas, algunos lo harán por vía alegal o ilegal. Esto, que es de perogrullo, debería estar reflejado en la legislación, y no pedir un imposible, que es que toda la gente sea legalmente cumplidora, no se dedique a la búsqueda áctiva, entregue todo lo que halle de forma casual al Estado, y solo compre moneda de procedencia 'legítima'.
La respuesta del bando colectivista a esta realidad es penosa; jamás se trata de analizar si la ley es justa o no, siquiera si es eficaz en su pretendido objetivo último; en su afán monopolista lo que hace es atacar directamente el mercado, ya que piensan que sin mercado, todas las monedas serán para ellos, pero obviando que sin mercado no hay numismática, ni siquiera la académica, que rápidamente se caerá del favor político y se quedará sin recursos. Esto se plasma en varias actitudes y comportamientos, de los cuales hay dos que me molestan especialmente y por ello quiero mencionarlos expresamente; el primero, que considero un ataque y desvirtuación del párrafo 3 del artículo 33 de la Constitución, es el hecho legal del derecho de tanteo y retracto del Estado, que establece unas condiciones totalmente abusivas, como el pago dentro de dos ejercicios presupuestarios (lo legalmente dispuesto, tal como está la administración de fondos actualmente, puede ser muchísimo más tiempo), la imposición de la interposición en las subastas o compra-venta particulares al precio obtenido por el comprador —en vez de que la Administración concurra como un pujador más, o active un procedimiento de expropiación en el que el afectado pueda pedir tutela judicial—, y la incertidumbre de la actuación administrativa ya que se reservan demasiado tiempo (seis meses) para ejercer el retracto y la venta irrevocable. La otra actitud es el nulo interés por parte de los profesionales 'numismáticos' públicos y los legisladores por atajar el fenómeno de la falsificación, como bien se evidencia en la entrevista que le realizó Adolfo a Eliosa Wattenberg, directora del museo arqueológico de Valladolid, en la que a la pregunta de si era perjudicial a los historiadores la moneda falsificada (esto es, reproducciones actuales hechas con intención de engañar al comprador sobre su autenticidad) respondió: "No representan una preocupación especial para nosotros. Apenas compramos monedas en el mercado, así que difícilmente adquiriremos una falsa.". Bien, si esa es la opinión generalizada entre el colectivo profesional de la Historia en España, mi opinión de este queda por los suelos, pero muy muy abajo; ¿son esta gente, que se autoproclama conservadora del Patrimonio Histórico Nacional, con animo de exclusividad, los que tienen que cuidar de él? Para temblar; por que es vox populi en los mentideros numismáticos que desde ese bando el tema de las falsificaciones es visto por algunos como una herramienta más en su objetivo colectivizador, llegando las malas lenguas a advertir de la posibilidad de que se estén facilitanto a falsarios el acceso a piezas de titularidad pública para que creen moldes para su actividad, con la que inundar el mercado y deprimir el comercio de los tipos afectados; estoy hablando, por concretar, de la moneda hispana prerromana y romana, y el tema cobra fuerza después de la última oleada de piezas falsas que han entrado en subastas públicas, que parecen provenir mayoritariamente de una única fuente (y no me extiendo más por que yo directamente no conozco el tema).
Por concluir el análisis de la situación, comentar que esta actitud no es algo exlusivo de España, también ocurre en otros paises, como los USA, donde el colectivo de los historiadores/arqueólogos han presionado exitósamente para sacar de manera efectiva del mercado algunas tipos numismáticos, sobre todo griegos antiguos, usando el recurso de que paises ajenos reclamen al Departamento de Estado la exclusión de la importanción de monedas acuñadas en su territorio aduciendo que pueden provenir de expolios en su país (lo que es completamente ilógico, ya que muchos tipos tuvieron amplia circulación por todo el Mundo Antiguo, y una moneda romana acuñada en lo que hoy es Serbia, por ejemplo, puede estar enterrada en Gran Bretaña, donde es perfectamente legal desenterrarla y comerciar con ella); los requisitos necesarios para legalizar la importación son tan extrictos, que eliminan inmediatemente del mercado norteamericano prácticamente cualquier moneda proviniente del extranjero, por más que claramente sea una moneda de procedencia legítima, excluyendo, como siempre, a los coleccionistas de menos recursos económicos. La última nación en entrar en esta dinámica, después de los casos de Grecia e Italia, ha sido Bulgaria, lo que puede afectar a muchos tipos de la moneda romana bajo-imperial, bizantina, medieval y moderna eslava y otomana.
Pasemos pues a las soluciones; lo que siguen son propuestas abiertas a discusión, construidas desde el sentido común y la filosofía de que hay que ser realistas respecto de la naturaleza humana:
- La función de los museos debe ser canalizada hacia la excelencia en su función; en mi opinión las tareas, por orden de importancia, de estas instituciones son la conservación, la investigación y la exhibición; y el criterio de las colecciones debe ser de complitud y relevancia científica y no otro; centrando el tema en la numismática, lo lógico es que los museos, sobre todo los pequeños, se especialicen en determinadas series, buscando la completitud y/o la representatividad (por ejemplo, en un museo etnográfico, la territorial, por lo que piezas andalusíes en un museo en Galicia ciertamente sobran, excepto que provengan de un yacimiento arqueológico de la zona). Las monedas que no aporten nada a ese objetivo deberían cederse a otros museos, y al final, las restantes tras esta selección, venderse en subasta pública, lo que reportaría unos buenos fondos a las instituciones implicadas. No aporta nada más que gastos de conservación que un museo mantenga en su colección veinte denarios del mismo tipo de Trajano; se conserva uno o dos, se documentan el resto, y finalmente se ofertan al exterior, primero otras instituciones públicas, y después los particulares. La política de adquisiciones posteriores debe dirigirse a incrementar el valor científico de la colección, no simplemente a aumentar el stock de piezas.
- Debe remodelarse la legislación sobre la propiedad del Patrimonio; idealmente modificando la ley sobre la propiedad del subsuelo (con las excepciones que se estimen necesarias); solo implicando a los propietarios de los terrenos garantizandoles la titularidad del Patrimonio que se haye en sus terrenos podemos esperar que estos colaboren activamente en la protección e investigación de este, sobre todo en el caso del Historico. Una vez modificado este, permitir la busqueda activa de objetos, requiriendo el permiso del propietario del terreno y una licencia administrativa informativa de la actividad; después puede requerirse que todo objeto encontrado se declare, para que los investigadores puedan documentarlo, y tras este periodo pasar a subasta pública repartiendo el dinero obtenido entre el buscador y el propietario; podrían hacerse las salvaguardias que se estimen necesarias para el Estado (un derecho preferente de compra, por ejemplo, o como se hace en el Reino Unido, tasación legal por experto independiente de las piezas que se reserva con la que compensa al propietario del terreno y buscador la no puesta en venta) para conservar los objetos de más valor científico-social.
- Tras esto, centrándonos en la arqueología y la numismática, pueden declarse determinados yacimientos de especial interes, y proceder a su expropiación, por lo que todo pasa a titularidad pública; lo que se obtenga de las excavaciones, tras su investigación, quedaría a disposición de un museo, el cual aplicaría el mismo criterio anteriormente dispuesto, conservando lo más relevante y subastando el resto, con lo que se conseguirían fondos adicionales, que podrían dedicarse a sufragar nuevas excavaciones, becas científicas, programas de educación pública, o incluso disminuir la dependencia del museo del presupuesto estatal. Y además se proveería el mercado para los coleccionistas, disminuyendo la presión de los buscadores.
- En ese momento podría penarse severamente el expolio, entendido como la excavación ilegal de un yacimiento protegido; eso, más multas cuantiosas a los buscadores que ejercieran fuera de la ley, y a los compradores que adquieran piezas obtenidas ilegalmente, reconduciría prácticamente toda la actividad a una menos destructiva, más controlada, y de la cual los historiadores estarían constantemente informados, pudiendo permitirles tanto acceder a datos que ahora mismo se pierden irremisiblemente, como poder pedir la protección especial a yacimientos nuevos de importancia que se encuentren.
- Debería perseguirse también la falsificación moderna de moneda y otras piezas arqueológicas; primero por que su venta como piezas auténticas suponen una estafa, algo tipificado como delito; segundo por que ello permitiría aumentar la confianza del mercado, lo que redunda en una mejoría de las colecciones particulares, colecciones que pueden tener un valor científico incuestionable como compendios de piezas, y social como promotoras de la sensibilización de la ciudadanía respecto del Patrimonio y su conservación.
Para acabar esta larga entrada, pedir a los colectivizadores que reflexionen y se den cuenta de la trampa implícita de su postura; si tan amantes del Patrimonio son, que piensen primero en su conservación, no ahora y solo por ellos, si no también a largo plazo y por todos los ciudadanos; abundan los ejemplos en los que, tras perder la ciudadania el respeto por el Patrimonio, este ha acabado perdiéndose. Y por último solicitar por parte de los profesionales del sector, sobre todo los públicos, su opinión sobre todo los expuesto en este escrito.
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